Erik Jerena

Erik Jerena

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Sociología con énfasis en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de Colombia con la tesis titulada «Escenarios de la ciudadanía intercultural en la democracia local. El caso de la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá (2004-2011)». Pertenezco al grupo de investigación Cultura y Nación del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia, línea de investigación Ciudadanía y Cultura. Mi búsqueda investigativa ha estado orientada desde la perspectiva interdisciplinar propia de los estudios culturales latinoamericanos; particularmente desde la Ciencia Política, la Sociología de la Cultura y la Ecología Política.

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En la cumbre del clima COP 21 en París los países latinoamericanos insisten en la necesidad de lograr un acuerdo vinculante para frenar los nefastos impactos del calentamiento global. Sin embargo, el ritmo de las negociaciones parece ralentizarse y las posibilidades de un compromiso real pueden diluirse.

Se corre el riesgo de no lograr el objetivo de regular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, peor aún, de no alcanzar el pacto para mantener las reservas de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) donde están: bajo tierra.

En este momento hay unas 40.000 personas, entre delegados de los gobiernos y representantes de la sociedad civil, trabajando en comisiones que adelantan diversas negociaciones para lograr un acuerdo global en la cumbre del clima de París que involucre a la mayoría de países del planeta, en el que el 10% da la población más rica emite el 50% de los gases contaminantes.

Hasta el momento hay un borrador de 50 páginas que básicamente busca la suscripción de un pacto global sobre el clima que remplazaría al Protocolo de Kioto —que apenas vincula al 15% de las emisiones mundiales— y que regiría desde 2020 hasta 2050.

El punto álgido de la discusión es cómo evitar pasar el umbral de los 2º centígrados, no obstante, los países más pobres exigen que se trace el límite de aumento de la temperatura mundial en 1.5º.

Cada país ha presentado su propuesta de aportes para luchar contra el cambio climático. Colombia, por ejemplo plantea reducir sus emisiones entre 20% y 30% para 2030. EE.UU también se compromete a reducir emisiones entre un 26% y 28%. Sin embargo, poco a poco han ido apareciendo titulares desalentadores que refieren lo que parece ser la crónica de un fracaso anunciado de las negociaciones.

El interés de unos cuantos multimillonarios que se siguen lucrando de los combustibles fósiles parece prevalecer sobre el interés de la humanidad.

A pesar de que hay alternativas concretas y viables, como lo demuestra el recientemente estrenado documental ‘Time to choose’ del director Charles Ferguson, la presión de estos poderosos es tal que ya se anuncia la imposibilidad de un acuerdo global acorde con la sensatez necesaria ante la inminencia del cambio climático.

Sin embargo, los activistas no pierden la esperanza, seguiremos pendientes de los avances en las discusiones de los próximos días para ver que resulta el próximo 12 de diciembre, día límite para finalizar las negociaciones y presentar el acuerdo logrado.

El pasado viernes 12 de junio, en medio del revuelo mediático que suscitó la tala de árboles en el humedal La Conejera, el alcalde Gustavo Petro trinó en su cuenta de Twitter que fue él quien sembró “el primer árbol de especie nativa de 16.000 que la Bogotá Humana sembró para proteger La Conejera”. Sin embargo, al indagar en los informes de las entidades responsables de estas metas, Jardín Botánico (JBB) y Secretaría de Ambiente (SDA), no aparecen reportados estos árboles y no se comprende entonces de dónde salen las cifras del alcalde, como veremos a continuación. 


Dentro del Eje 2 del Plan de Desarrollo Bogotá Humana (enfrentar el cambio climático y ordenar el territorio alrededor del agua) se contempla el programa Recuperación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y de los espacios del agua, que a su vez incluye el proyecto denominado Recuperación y renaturalización de los espacios del agua. Allí se establecen metas como: Recuperación ecológica participativa de 520 hectáreas de suelo de protección (equivalentes al 0,66% del suelo de protección de la EEP de la ciudad); Recuperación ecológica y paisajística de 57 Km de rondas y ZMPA de las microcuencas de los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelo y Torca; Intervenir mediante procesos de recuperación ambiental y paisajística 8 hectáreas de la ZMPA del río Tunjuelo en áreas urbana; Recuperar integralmente 40 hectáreas de humedales. Asimismo, teniendo como base que el déficit en la ciudad es de 1.334.738 árboles, el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” propuso el incremento de la oferta de arbolado en 40%, que equivaldría a plantar 477.383 árboles durante el cuatrienio.

Ahora bien, de acuerdo con el estado de avance de las metas reportado por la SDA en su página webse ha cumplido con el 49,3% de la meta proyectada de recuperación integral de 40 hectáreas de humedales. En cuanto a la meta de restauración ecológica se reportan 178 hectáreas de las 520 proyectadas, correspondientes al 34,2% de la meta. Ahora bien no se contempló una meta en términos de número de individuos arbóreos o arbustivos que deberían plantarse. Sin embargo, podría promediarse con base en la información de la SDA que se plantan alrededor de 1.000 individuos por hectárea.

De manera que cuando el Alcalde Petro refiere que se plantaron 16.000 árboles en el humedal La Conejera se podría inferir la intervención de unas 16 hectáreas en este importante ecosistema, lo cual sin embargo no corresponde con la realidad de los reportes de la SDA. Llama la atención además que dentro de los reportes de la entidad en relación con las metas en intervención de humedales no se mencionen los 16.000 árboles que enorgullecen al alcalde y apenas se habla de algunos cerramientos en La Conejera. ¿Será que le están haciendo conejo al alcalde?

De otro lado, según el Observatorio Ambiental de Bogotá, el indicador de árboles plantados por el JBB señala que entre 2012 y 2014 se plantaron apenas 28.280 individuos arbóreos en la ciudad. Cifra poco alentadora si tenemos en cuenta que entre 1998 y 2011 las administraciones distritales plantaron alrededor de un millón doscientos mil árboles. ¿De dónde salen entonces las cifras del alcalde?

Es necesario pensar la arborización en la ciudad en el largo plazo en perspectiva de restauración y recuperación ecológica. Más aun cuando se prenden las alarmas sobre el avance de la erosión en el país. El 40% de la superficie continental de Colombia cuenta con algún grado de erosión, lo que equivale a 45 millones de hectáreas. De otro lado, en Bogotá es preocupante la afectación de las coberturas vegetales por cuenta de la minería, el cultivo de papa, la ganadería y las especies invasoras como el retamo. Se calcula que hay unas 1.500 hectáreas invadidas en la EEP. De manera que hay que prestarle atención no solo a las cifras de árboles plantados, que son desalentadoras, sino a las áreas efectivamente restauradas y recuperadas ecológicamente.

 

Por: Erik Jerena

Martes, 16 Junio 2015 19:00

Defender los cerros

Editorial El Espectador

Una verdadera disputa se ha formado por cuenta de los cerros orientales que adornan Bogotá: esos que son, para los capitalinos, una especie de símbolo viejo de la ciudad, forma de ubicarse en ella y patrimonio antiguo de todos.


Pero, mucho más allá de eso, que importa bastante, son una zona de reserva forestal, con quebradas y animales. Por estas características especiales fue que el Consejo de Estado prohibió nuevas licencias de construcción en esa zona: no más edificaciones barriendo a su paso la naturaleza. Cosa que sirve, por demás, para evitar la expansión de una ciudad que no para de crecer. Hasta ahí todo estuvo claro. Sin embargo, el proyecto Cerro Verde planea construir allí 16 edificios de apartamentos entre las calles 66 y 77, por encima de la avenida Circunvalar. Y aunque digan que serán amigables con el medio ambiente, lo más conveniente sería que se abstuvieran de cualquier construcción para protegerlo de forma integral. No es lo más razonable, eso sí, frente al aspecto financiero y sus variables: larga es la historia de por qué estos constructores dicen que pueden echar para arriba esos edificios. 

Todo se remonta a los principios de los años 90: cuando el proyecto hizo un convenio con el Distrito para recuperar los cerros de unas canteras ilegales que allí existían: una vez la tarea estuviera hecha podrían empezar. La crisis financiera les cerró el paso y tuvieron que aplazar dicha construcción. En 2005 postergaron la decisión por cuenta de una acción popular que les frenó el paso. ¿Y la sentencia del Consejo de Estado? Pues es muy clara al prohibir la construcción, pero también lo es al enunciar una excepción: los derechos adquiridos de los poseedores.

¿Son acreedores de estos derechos aquellos que gestionan el proyecto? Es difícil discernirlo debido a que los argumentos de ambas partes parecen ser bastante convincentes. Los constructores se amparan en esa historia de 20 años y en la particular excepción que enunció la sentencia del Consejo de Estado: sus derechos adquiridos por cuenta del convenio con el Distrito y la recuperación del área.

Sus contradictores, que son representados (al menos por ahora) por la Fundación Amigos de la Montaña, dicen que Cerro Verde no es tan acreedor como dice: la excepción del Consejo de Estado cobija a poseedores que no supieran del hecho objetivo de la reserva antes de pedir la licencia de construcción. En 2005, el Curador Urbano No. 4 negó la licencia que la constructora pidió: “este despacho no cuenta con la competencia para expedir ningún tipo de licencia dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: hacerlo implicaría desconocer la resolución 0463 de 2005 y por ende expedir un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico”. Resolución que se volvió sentencia del Consejo de Estado. ¿Tienen o no derechos?

Cada parte, lo sabemos, se agarrará de cualquier inciso legal disponible para adjudicarse la verdad del caso. ¿Qué hacer? Por suerte aún falta la regulación de la Secretaría Ambiental: un plan de manejo para decidir quién tiene o no derechos en estas zonas protegidas. Ojalá ocurra pronto, para la claridad de las partes.

Esperamos que un órgano que protege el medio ambiente tome la decisión hacia ese lado: ¿no pueden, simplemente, negar esa licencia y, si es el caso, compensar al proyecto? ¿Sale más costoso que dejar construir sobre una parte del cerro? No nos parece. La falta de prevención sobre esa montaña emblemática es la que la tiene en esta mediana depredación. Defenderla de ella se hace imperativo.

Lunes, 17 Noviembre 2014 19:00

50 años de guerra al Buen Vivir

La paz con la naturaleza conlleva el tránsito hacia el “Buen Vivir” en los territorios en conflicto

Al mismo tiempo que Colombia está buscando el camino hacia la paz en la Mesa de Conversaciones de La Habana, el mundo debate sobre cómo garantizar la sostenibilidad ambiental del planeta hacia el futuro.


Hoy en nuestro país, en el marco de las actuales conversaciones de paz, nos encontramos ante la necesidad de adelantar un amplio debate sobre el impacto ecológico/ambiental de la guerra y la victimización de la naturaleza.

Se hace impostergable replantear el modelo de desarrollo extractivista y agroindustrial que predomina en el territorio nacional, reduciendo la naturaleza a simple proveedora de recursos, subordinada siempre a la acción humana, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas y las comunidades. Bajo este modelo germinó todo el oscuro periodo de nuestra historia conocido como La Violencia, que se mantiene hasta nuestros días y que el país busca terminar.

Paralelamente, la discusión de los últimos años a nivel mundial ha girado en torno a la construcción de la agenda post 2015, haciendo el balance de los Objetivos del Milenio, que deberá orientar nuevos objetivos hacia el logro de la sostenibilidad ambiental de las ciudades. Más de la mitad de la población mundial vive en ellas y Colombia no ha sido la excepción. El 75% de su población es urbana. Informes recientes indican que alrededor de 100 municipios de nuestro país están gravemente afectados por el conflicto armado, lo cual además de causar violaciones a los derechos humanos conlleva una afectación ambiental sin precedentes sobre sus territorios. El conflicto armado y el conflicto ambiental se entrecruzan en los centros urbanos.

Por todo lo anterior, el nuevo desafío es lograr la mitigación del cambio climático, asumir el consumo consciente de bienes y servicios, adelantar la gestión sostenible de los residuos urbanos, promover el uso eficiente de la energía, avanzar hacia la movilidad limpia, alcanzar un adecuado metabolismo hídrico y garantizar la soberanía alimentaria. Estos serán eslabones fundamentales en la conquista de la paz.

Este es un momento crucial para el país, en el que debe confluir eficazmente la agenda global por superar la incertidumbre ambiental con el propósito nacional de alcanzar la paz por la vía de la negociación y la concertación.

En el escenario de incertidumbre ecológica es necesario encontrar caminos distintos a la inercia depredadora del “desarrollo” tutelado. Los movimientos sociales campesinos e indígenas de América Latina vienen enseñándonos y mostrándonos el camino del “Vivir Bien” o el “Buen Vivir”, que privilegia el respeto y el reconocimiento de todas las formas de vida presentes en la naturaleza, de la que hacemos parte.  El “Buen Vivir” está presente en aquellos pueblos que apuestan por la cultura de la vida.

Así pues, la Alianza Verde debe construir propuestas políticas concretas que permitan materializar la paz con la naturaleza en todo el territorio nacional. Consideramos entonces que nuestro partido debe procurar la construcción de una agenda básica que incluya las siguientes premisas:

  1. Promover un ordenamiento del territorio que reconozca los derechos de la naturaleza, que respete todas las formas de vida en los ecosistemas de los que hacemos parte, y se enfrente al modelo de desarrollo tutelado.
  2. Impulsar el cambio cultural necesario para repensar el paradigma consumista y para transformar nuestra relación con la naturaleza.
  3. Transformar nuestra relación con los residuos sólidos urbanos (conocidos como basura) para encaminar los esfuerzos hacia el cierre definitivo de los rellenos sanitarios y promover la cultura del reciclaje, la reutilización y la gestión sostenible.
  4. Procurar la implementación de fuentes de energía renovable, y la supresión del uso de energía basada en combustibles fósiles, en los municipios más golpeados por el conflicto armado y en las grandes ciudades.
  5. Propugnar por la adopción de la movilidad limpia y no motorizada, que promueva la intermodalidad, que incremente la calidad de vida y disminuya las emisiones.

Una agenda que tenga en cuenta las anteriores premisas deberá ser garantizada por un marco jurídico de carácter transicional que reconozca los derechos de las poblaciones y los derechos de la naturaleza, construida de la mano de las comunidades, incluyendo a los actores armados y promovida desde el Estado.

Martes, 11 Agosto 2015 19:00

Los Cerros Orientales NO están en venta

Constructores deben comprender que su negocio también debe adaptarse a los desafíos del cambio climático.

Ante el anuncio del ministro de vivienda Luis Felipe Henao de demandar al Distrito por expedir la resolución 228 de 2015, que ajustó las imprecisiones cartográficas del POT (Decreto 190 de 2004), es preciso llamar la atención sobre los evidentes intereses económicos que se esconden tras esta decisión.