Editorial El Espectador : Defender los cerros

Una verdadera disputa se ha formado por cuenta de los cerros orientales que adornan Bogotá: esos que son, para los capitalinos, una especie de símbolo viejo de la ciudad, forma de ubicarse en ella y patrimonio antiguo de todos.

Pero, mucho más allá de eso, que importa bastante, son una zona de reserva forestal, con quebradas y animales. Por estas características especiales fue que el Consejo de Estado prohibió nuevas licencias de construcción en esa zona: no más edificaciones barriendo a su paso la naturaleza. Cosa que sirve, por demás, para evitar la expansión de una ciudad que no para de crecer. Hasta ahí todo estuvo claro. Sin embargo, el proyecto Cerro Verde planea construir allí 16 edificios de apartamentos entre las calles 66 y 77, por encima de la avenida Circunvalar. Y aunque digan que serán amigables con el medio ambiente, lo más conveniente sería que se abstuvieran de cualquier construcción para protegerlo de forma integral. No es lo más razonable, eso sí, frente al aspecto financiero y sus variables: larga es la historia de por qué estos constructores dicen que pueden echar para arriba esos edificios. 

Todo se remonta a los principios de los años 90: cuando el proyecto hizo un convenio con el Distrito para recuperar los cerros de unas canteras ilegales que allí existían: una vez la tarea estuviera hecha podrían empezar. La crisis financiera les cerró el paso y tuvieron que aplazar dicha construcción. En 2005 postergaron la decisión por cuenta de una acción popular que les frenó el paso. ¿Y la sentencia del Consejo de Estado? Pues es muy clara al prohibir la construcción, pero también lo es al enunciar una excepción: los derechos adquiridos de los poseedores.

¿Son acreedores de estos derechos aquellos que gestionan el proyecto? Es difícil discernirlo debido a que los argumentos de ambas partes parecen ser bastante convincentes. Los constructores se amparan en esa historia de 20 años y en la particular excepción que enunció la sentencia del Consejo de Estado: sus derechos adquiridos por cuenta del convenio con el Distrito y la recuperación del área.

Sus contradictores, que son representados (al menos por ahora) por la Fundación Amigos de la Montaña, dicen que Cerro Verde no es tan acreedor como dice: la excepción del Consejo de Estado cobija a poseedores que no supieran del hecho objetivo de la reserva antes de pedir la licencia de construcción. En 2005, el Curador Urbano No. 4 negó la licencia que la constructora pidió: “este despacho no cuenta con la competencia para expedir ningún tipo de licencia dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: hacerlo implicaría desconocer la resolución 0463 de 2005 y por ende expedir un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico”. Resolución que se volvió sentencia del Consejo de Estado. ¿Tienen o no derechos?

Cada parte, lo sabemos, se agarrará de cualquier inciso legal disponible para adjudicarse la verdad del caso. ¿Qué hacer? Por suerte aún falta la regulación de la Secretaría Ambiental: un plan de manejo para decidir quién tiene o no derechos en estas zonas protegidas. Ojalá ocurra pronto, para la claridad de las partes.

Esperamos que un órgano que protege el medio ambiente tome la decisión hacia ese lado: ¿no pueden, simplemente, negar esa licencia y, si es el caso, compensar al proyecto? ¿Sale más costoso que dejar construir sobre una parte del cerro? No nos parece. La falta de prevención sobre esa montaña emblemática es la que la tiene en esta mediana depredación. Defenderla de ella se hace imperativo.

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